29-07-2010 - Finalizó la Séptima Marcha Indígena por el Territorio la Autonomía y la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas.- Notas de Prensa |
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Hace unos días concluyó la primera marcha indígena que se efectúa durante el gobierno de Evo Morales. Este cierre ocurrió tras la entrega a los marchistas, por parte de algunos legisladores, de la recientemente promulgada Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la cual era parte central de la plataforma de reclamos. |
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A pesar de que no se alcanzaran los acuerdos con los representantes del poder ejecutivo, la movilización, iniciada un mes antes, el 21 de junio en Trinidad, capital del departamento del Beni, es considerada como una victoria por el movimiento indígena de tierras bajas por haber logrado la reapertura del proyecto de la Ley Marco y la inclusión de sus propuestas y observaciones sobre las autonomías indígenas.
Los dirigentes estaban analizando la pertinencia del levantamiento de la movilización después de la negociación entre las autoridades estatales y los indígenas, trabajo que inició el 17 de julio en las instalaciones de la CIDOB, en Santa Cruz.
En la reunión participaron el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, el viceministro de Tierras, el director nacional del INRA y el director departamental del Ministerio de Autonomía.
Una de las demandas más importantes que reivindicaba la CIDOB fue la asignación de 20 millones de dólares para la implementación de la Gestión Territorial Indígena en todos los territorios titulados, como medio para ir avanzando hacia las autonomías indígenas. Como parte de los preacuerdos establecidos con la organización, el Gobierno se comprometió a estructurar un equipo de trabajo compuesto por la Dirección de GTI del Viceministerio de Tierras, el GTI CIDOB, en coordinación con personal del Ministerio de Planificación, con la finalidad de contar con el documento estratégico que promoviera el cumplimiento de la demanda de la marcha.
Aunque tras el debate sobre este y los otros 12 puntos de la plataforma reivindicativa se lograron consensuar varias demandas, al final de la reunión no hubo voluntad política por parte del poder ejecutivo para firmar el documento y el convenio con los preacuerdos fue destruido por el técnico del Ministerio de Autonomías Freddy Siles, gesto que provocó molestia de los indígenas. Los representantes de la comisión no estaban de acuerdo con el pedido de los pueblos indígenas que exigían que se les asignara la Dirección de Administración de Bosques. El gobierno en varias ocasiones acusó a la CIDOB de impulsar la séptima marcha indígena con el objetivo de obtener cargos de alto perfil en las estructuras del Estado. Sin embargo, los marchistas afirmaron que pedían la destitución del director de ABT Cliver Rocha a quién responsabilizaban de ordenar en 2009 el desalojó de la comunidad La Selva de sus tierras, ubicadas en el departamento de Pando, donde se entregó una concesión forestal.
Después de eso, la comisión de la CIDOB decidió retornar a la localidad de San Ramón donde permanecían cerca de 400 marchistas para informarlos sobre la ruptura del diálogo con el Ejecutivo y así participar en el acto de entrega de la Ley Marco de Autonomías que fue efectuada por el senador del MAS Adolfo Mendoza.
Sorprendentemente, al final del evento los marchistas recibieron un fax de La Paz que contenía el acta de acuerdos firmado por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, el viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, y el ministro de Autonomías, Carlos Romero. Al encontrar la firma del ministro Romero los marchistas desconocieron la carta.
La VII marcha abre una nueva etapa en la relación entre el movimiento indígena y el gobierno de Evo Morales
Los pueblos indígenas iniciaron su marcha bajo la consigna general del territorio, la autonomía y la defensa de los derechos indígenas que luego se cristalizó en una plataforma que contenía 13 demandas principales. Los marchistas estaban pidiendo la conclusión de los procesos de saneamiento y el desalojo de los terceros de sus territorios, así como la inmediata reversión y expropiación de tierras y la dotación de las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar, que no tienen tierra y los que las tienen insuficientemente, sin ánimo de perjudicar y deslegitimizar las demandas territoriales de los otros sectores. Por otro lado, estaban exigiendo el respeto al derecho a la consulta en el marco de los instrumentos internacionales asumidos por Bolivia y la incorporación de la propuesta de los pueblos indígenas sobre la autonomía indígena trabajada en las instancias orgánicas de la CIDOB, enfatizando en la necesidad de garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la autonomía sin límites y requisitos que imposibilitarían el ejercicio de este derecho en el marco de la Constitución Política del Estado.
En ese sentido, uno de los obstáculos más importantes fue la cuestión del referéndum como mecanismo para la aprobación de los estatutos autonómicos y otras normas orgánicas. Es de ahí que la reapertura del debate sobre el proyecto de la Ley Marco y la demanda de inclusión de las medidas orientadas a garantizar la implementación de verdaderas autonomías indígenas se convirtió en el eje transversal de la movilización.
A partir de los acuerdos alcanzados en Ascensión de Guarayos, ciudad que oficio de parada de la movilización, con los representantes del poder legislativo, la marcha cobró mayor relevancia. Posteriormente, los senadores oficialistas, representantes de la comisión mixta de Organización Territorial del Estado y Autonomías de las Cámaras de Senadores y Diputados, entre ellos, Gabriela Montaño, Freddy Bersatti y Adolfo Mendoza realizaron un proceso de incidencia política en colaboración con la bancada indígena, con la finalidad de incorporar las propuestas de los pueblos indígenas en la norma. Mientras tanto, la marcha permanecía en un cuarto intermedio.
Según Adolfo Mendoza, la pausa en la movilización fue una expresión de la confianza que la CIDOB depositó en la comisión y reafirmó la legitimidad de los legisladores para continuar su trabajo en el Congreso y para defender los consensos. “Aunque no había una propuesta global desde las organizaciones sociales sobre la LMAD, el resultado es histórico. Se logró la reapertura del debate al interior de la bancada del MAS y la incorporación de otros temas más allá del ámbito indígena”, afirmó el parlamentario.
Para Pedro Nuny, diputado indígena, los acuerdos alcanzados en torno a la LMAD se constituyeron en una gran victoria de la marcha frente a la guerra mediática declarada hacia los pueblos indígenas de parte del Gobierno. “Tenemos una ley que garantiza la autonomía indígena. Si no fuera por la marcha no hubiesen sido tomadas en cuenta nuestras demandas. Siempre nos hemos caracterizado por ser propositivos”.
La secretaria de Tierra y Territorio de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Angela Nasapeyura, lamentó la forma en la que el Gobierno trató de manipular la opinión pública respecto a los motivos y los impulsores de la marcha. “Nos tildaban de ser unos cuantos dirigentes manejados por otras organizaciones. Nos decían que somos pocos, que no tenemos voz y voto. Este Gobierno no es de nuestros usos y costumbres, de aquí en adelante nosotros no vamos a ser conformistas. Nuestras demandas están en la Constitución y estas leyes hay que cumplirlas, no estamos en contra del presidente, pero tiene que reconocer que nosotros hemos sido parte de este proceso. Para eso hemos marchado y estamos contentos de recibir el documento de la Ley Marco de Autonomías. Ahora hay que hacerle seguimiento para su efectivo cumplimiento”.
Desde el principio de la marcha, el Gobierno afirmó frente a los medios de comunicación que “la movilización era impulsada desde las ONGs financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)”. A través de spots televisivos se presentó a los pueblos indígenas como un sector que pretende apropiarse de las tierras fiscales del país, desprestigiando y perjudicando las demandas de otras fuerzas sociales.
El pronunciamiento de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) en el que los movimientos afines al MAS acusan a los marchistas de ser parte de la oposición y de estar en contra del verdadero proceso de cambio lleva a pensar que el sector oficialista se asignó el mandato único para controlar el desarrollo de este proceso y definir su contenido programático.
Según José Bailaba, quien presidió la comisión política de la marcha, el movimiento indígena de tierras bajas no tiene la intención de dejar de apoyar el proceso de cambio. “No estamos rechazando el proceso de cambio, pero creemos que está mal dirigido. A los pueblos indígenas nos corresponde hacerlo notar”.
Por otro lado, se destacan las fallas éticas cometidas por algunos funcionarios del Gobierno, lo que provocó que los indígenas los desconocieran como interlocutores válidos por sus irrespetuosas conductas durante los procesos de negociación. Estas fueron reflejadas en dos casos concretos: la destrucción de los preacuerdos por parte del funcionario del Ministerio de Autonomías Freddy Siles y la ruptura del diálogo con la CIDOB por parte del ministro Romero quien anunció su decisión primero a la prensa y en segundo lugar a los sorprendidos representantes de los pueblos indígenas.
“Carlos Romero ha sido nuestro maestro en el tema de liderazgo.
Ahora lo vamos a apuntar con el dedo, nosotros quienes hemos sido alumnos de él”, afirmó Angela Nasapeyura de la CPEMB. En el mismo tono, Maria Saravia, secretaria de comunicación de la CIDOB, manifestó su decepción por la falta de voluntad del poder ejecutivo para atender los reclamos del movimiento indígena, y remarcó los vínculos que desde hace muchos años ha mantenido su sector con el actual ministro de autonomías. “Hemos venido presionando pacíficamente pero el poder ejecutivo no nos ha querido escuchar. En la marcha hemos pedido la destitución de Carlos Romero, él no tuvo la voluntad de escuchar nuestras demandas. Nunca reconoció que su escuela fue con los pueblos indígenas”.
En su discurso durante el acto de entrega de la LMAD a los regionales de la CIDOB, el senador Adolfo Mendoza se refirió a las conquistas políticas logradas por los pueblos indígenas mediante las marchas. “La primera victoria fue en la marcha por el territorio y la dignidad. Gracias a esa victoria jamás vamos a permitir la construcción de un país sin los pueblos indígenas. La segunda marcha dio un salto en el reconocimiento de una nueva forma de la propiedad colectiva. Luego de las marchas del 2000 y del 2002 se realizó la Asamblea Constituyente en nuestro país. Después se realizaron las marchas de 2006 por la reconducción comunitaria de la reforma agraria y la marcha del año 2008. Y ahora tenemos otra marcha histórica por la implementación de la CPE y por la incorporación de los acuerdos con los pueblos indígenas en la LMAD”.
El parlamentario remarcó la confianza recibida del presidente Evo Morales que permitió a los senadores establecer el dialogo con la CIDOB en la Ascensión de Guarayos y afirmó que la marcha posibilitó la aprobación de la ley en su versión actual. “Si no hubiera sido por la marcha indígena, la Ley Marco no hubiera sido la misma que aprobó la Asamblea Plurinacional. Ahora les entregamos el documento con los acuerdos suscritos con los pueblos indígenas. Esperamos con esto haber cumplido los compromisos en nombre de la comisión de senadores, la Asamblea Plurinacional Legislativa y gracias a la voluntad del Presidente Evo Morales”.
Por su parte, Adolfo Chávez, la máxima autoridad de la CIDOB, señaló también, que la nueva etapa en el relacionamiento con el oficialismo estará marcada por la deuda pendiente que tiene el Estado con los pueblos indígenas: el reconocimiento efectivo de los derechos constitucionales que tienen los pueblos indígenas de tierras bajas mediante el incremento de los escaños para la mayor representación de estas etnias y la verdadera plasmación del Estado Plurinacional. Vale recordar que según el parágrafo VII del art. 146 de la CPE se establecerán circunscripciones especiales indígenas “en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional.”
Tal vez una de las repercusiones más importantes de la séptima marcha indígena tiene que ver con el cambio de la imagen del presidente Evo Morales en el escenario internacional. La movilización visibilizó las contradicciones del proceso de cambio e inició una nueva etapa en la relación entre el gobierno del MAS y el sector que hasta ahora ha sido una de las fuentes principales de su poder electoral. Según el coordinador departamental de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM), Gustavo Pedraza, “este conflicto y la forma en que el Gobierno lo ha atendido ha causado serios daños a la imagen del gobierno nacional y ya no es lo mismo hablar de un presidente indígena (Evo Morales) antes del 21 de junio (día que se inicio la marcha) y después del 21 de junio, al menos en el escenario internacional”(nota publicada en la red Erbol el 23 de julio).
Llama la atención la postura del gobierno de Evo Morales respecto a los reclamos de los marchistas, cuestión que refleja la división interna del sector oficialista.
En la primera etapa de la marcha las demandas de los pueblos indígenas fueron calificadas como inconstitucionales e imposibles de atender para luego ser incorporadas en la nueva Ley Marco de Autonomías. Las afirmaciones del Gobierno provocaron la solidaridad de distintos actores políticos con el movimiento indígena como, por ejemplo, por parte del ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz quién manifestó que “la contrariedad entre las demandas de los pueblos indígenas y el texto constitucional es muy dudosa y discutible y es en cambio incontrovertible que el propio gobierno es responsable de la flagrante violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”.
La experiencia de la marcha indígena lleva a la conclusión de que el discurso descolonizador del sector oficialista está reservado para las oportunidades de las campañas electorales y las batallas políticas con la oposición.
Por otro lado, la promulgación de las normas que traen consigo las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas como es el caso de la Ley del Régimen Electoral, así como el accionar del poder ejecutivo respecto a la atención de las demandas de estos pueblos envía señales preocupantes a los movimientos sociales que apoyaron al primer mandatario en su ascenso al poder.
Por: Aleksandra Bergier, socióloga
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