Denuncia ante los actos violentos generados por el Alcalde de San Javier contra la Central Indígena Paikoneka

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Este martes 26 de mayo, la dirigencia de la Central Indígena Paikoneka de San Javier (CIP-SJ) y la Organización de Mujeres Indígenas Paikonekas (OMIP) fueron víctimas de hechos de racismo y violencia en instalaciones de la sede de la Central, a causa del avasallamiento propiciado por autoridades del municipio de San Javier, funcionarios municipales, personas particulares y miembros del Comité Cívico municipal.

Cerca del medio día se generó un enfrentamiento, donde el alcalde Armando Barbery Landivar golpeó a varias compañeras indígenas, ocasionándoles serias lesiones. Estos hechos de racismo y violencia se generaron en el marco del conflicto que arrastra el municipio de San Javier y la organización indígena de San Javier por el Centro Prenatal Paikoneka, por una infraestructura con fines médicos construida en una parte del terreno de la CIP-SJ, a fin de brindar acceso al servicio de salud a las mujeres y niños de las comunidades, pero que hasta la fecha no se encuentra en funcionamiento; y donde el municipio, sin consulta ni consentimiento previo, pretende habilitar un centro de aislamiento para tratar a las y los posibles enfermos de COVID-19.

Esta situación generó preocupación en la dirigencia y las comunidades indígenas, debido a que la determinación de la Alcaldía no consideró que en el predio también funcionan las oficinas de la CIP-SJ, y donde a diario llegan mujeres y hombres de las distintas comunidades para proveerse de medicamentos y alimentos durante esta cuarentena, dado que tienen que afrontar la pandemia en situación de fragilidad ante la carencia de centros de salud comunitarios, medicamentos y servicios básicos, lo que los pone en evidente riesgo de contagio frente a la pandemia.

Sin embargo, el conflicto de fondo está vinculado al derecho propietario que tiene la CIP-SJ sobre el lote de terreno en el que está construido el Centro Prenatal y que la Alcaldía se niega a reconocer, alegando que es una propiedad municipal. De forma permanente, la autoridad edil ha evitado tratar el tema de fondo y, más al contrario, ha iniciado una campaña de desprestigio contra la Central, acusándola ante el pueblo de San Javier de oponerse al derecho a la salud que tiene toda la población.

El accionar del Alcalde, funcionarios públicos, miembros de la policía boliviana, personas particulares y el Comité Cívico, no solo representa una vulneración a los derechos humanos de las mujeres indígenas paikonekas de San Javier, por atentar contra la salud de las comunidades que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad por la amenaza del COVID – 19, así como el desconocimiento al derecho a la propiedad privada de una organización social legítimamente constituida; sino que constituye un acto flagrante de racismo promovido por autoridades de gobierno, que se agrava por la violencia física ejercida por Armando Barbery Landívar, Alcalde de San Javier, en contra de las compañeras indígenas.

Por lo expuesto, como institución defensora de derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, demandamos a las instancias de gobierno, así como a la Fiscalía General del Estado, actuar de oficio e iniciar la persecución penal en contra de los autores intelectuales y materiales de los hechos ocurridos este martes 26 de mayo de 2020, en el marco de lo previsto por las leyes Nº 045 y Nº 348.

Asimismo, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que conozca el caso y otorgue las medidas cautelares a la Central Indígena Paikoneka de San Javier y la Organización de Mujeres Indígenas Paikonekas para garantizar su derecho a la vida y a la salud, frente a las acciones arbitrarias del Gobierno Municipal de San Javier.

Santa Cruz de la Sierra, 26 de mayo de 2020.