Indígenas de la Chiquitanía presentan proyectos para abrogar tres leyes y dos decretos que permitieron los incendios del 2019

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Una comisión de las organizaciones indígenas de la Chiquitanía, de Santa Cruz, presentó este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidencia del Estado un Proyecto de Ley y otro de Decreto Supremo, que pretenden abrogar tres leyes y dos decretos supremos, por considerarlos atentatorios al medio ambiente y ser los que dieron paso a los incendios que sucedieron el 2019.

“Lo que planteamos es que se abroguen estas leyes que han sido las causantes de los incendios el año pasado y no nos han tomado en cuenta en su elaboración. Lo que planteamos es que se den nuevas propuestas de normas que tomen en cuenta nuestra participación”, indicó el Gran Cacique de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Agustín García.

Los proyectos fueron entregados a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidencia del Estado por Agustín García Choré, en compañía de Germinda Casupá Parabá, de la Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH); y Martín García García, de la Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), en representación de los colectivos ciudadanos de Santa Cruz y La Paz y un conjunto de instituciones que apoyaron la iniciativa.

El Proyecto de Ley plantea la abrogación de la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas que definió los lineamientos de una política de manejo integral del fuego en el territorio nacional; así como un régimen de sanciones administrativas por quemas sin autorización, además de un período excepcional de regularización en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización; dejando como responsable al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para elaborar las políticas correspondientes.

De acuerdo con la fundamentación del Proyecto, la aplicación de esta norma significó el desastre ambiental del 2019 en la que se quemaron más de 5,3 millones de hectáreas de la superficie nacional y afectó a más de 47 comunidades indígenas que habitan en la región, como los chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubabas, baures, sirionós y araonas.

También plantea la abrogación de la Ley Nº 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, que permitió la realización de chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por familia en tierras de producción forestal permanente, sin realizar planes previos de ordenamiento predial, ni pagar por la madera aprovechada proveniente de los desmontes; y de la Ley N° 1098 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos y Diésel Oíl, y que con su DS Nº 3874 autorizó al Comité de Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya destinados a la producción de aditivos de origen vegetal – biodiesel y da el marco legal para desbosques indiscriminados.

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Por su lado, el proyecto de Decreto Supremo busca la abrogación de sus similares Nº 3874, de la Ley N° 1098, y del Nº 3973; este último modificó el artículo del DS N° 26075 y amplió la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de producción forestal permanente, en una extensión aproximada de 1,2 millones de hectáreas y permitió que la Asamblea Legislativa Departamental del Beni modifique el Plan de Uso de Suelos (PLUS), dando paso a las quemas que se realizan en el sur y norte amazónico de ese departamento, poniendo en riesgo a más de 19 tierras comunitarias de origen pertenecientes a los pueblos indígenas cabineño, chacobo, pacahuara, tacana, araona, yaminahua, machinery, chimán, itonama, baures, moré, joaquiniano, movima, cayubaba, canichana, mojeño y mojeño ignaciano.

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