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Hallan medio centenar de familias guaraníes en condición de servidumbre en 10 haciendas que no cumplen la FES, de propiedad de los latifundistas Chávez, Malpartida, Larsen y otros |
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El Estado revertirá 36 mil hectáreas de tierra en el chaco cruceño
Hallan medio centenar de familias guaraníes en condición de servidumbre en 10 haciendas que no cumplen la FES, de propiedad de los latifundistas Chávez, Malpartida, Larsen y otros
Diez haciendas de una superficie total de 36.425 hectáreas de tierra en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz serán revertidas al Estado boliviano por incumplir la Función Económica Social (FES) y por aprovechar mano de obra de más de 50 familias guaraníes que viven en condición de servidumbre.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) concluyó el saneamiento de 88 mil hectáreas en los polígonos 3 y 4 de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Alto Parapetí. Se identificaron 88 propiedades en estos dos de los cinco polígonos que componen la TCO guaraní, y en 10 de ellas se evidenció la existencia de relaciones servidumbrales e incumplimiento de la FES.
El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, aseguró que se reconocerán los derechos de 78 propiedades de pequeños y medianos agricultores y ganaderos, solares campesinos y propiedades comunarias, las cuales recibirán sus títulos de propiedad agraria.
Los predios que serán revertidos al Estado son “El Recreo” (1.935 hectáreas) de propiedad de Aniceto Corcuy; “San Isidro” (3.790 has) de propiedad de Babil Chávez; “Huaraca” e “Itacay” (10.958 has) de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega; “Buena Vista” e “Isiporenda” (4.477 hectáreas) de Julia Aguilera de Chávez y otros; y “Caraparicito I”, “Caraparicito II”, “Reserva Privada del Patrimonio Natural” y “Yaguapoa” (15.262 has) pertenecientes a Duston Larsen Metenbrink y otros.
Incumplimiento de FES y servidumbre
Rojas explicó que la evaluación del INRA cumple con las normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto de Costa Rica.
Decenas de informes e investigaciones de instituciones como el Defensor del Pueblo de Bolivia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, entre otras, confirmaron que cientos de familias indígenas sobreviven en un régimen feudal como siervos de la gleba, sin tierra, sin salario ni educación, atados a grandes haciendas de la provincia Cordillera.
Mediante decreto supremo 29802 del 19 de noviembre de 2008, el Poder Ejecutivo instruyó al INRA declarar incumplimiento de FES en todos los predios agrarios rurales que mantengan sistemas de peonazgo, trabajo forzoso, cautiverio, servidumbre o formas análogas contrarias al beneficio e interés colectivo.
Se entiende que existe un sistema servidumbral cuando comunidades, familias o personas trabajan o sirven al propietario o titular de un predio en el desarrollo de actividades agrarias, en un marco de violación a los derechos fundamentales, bajo sometimiento y sin el pleno consentimiento; o cuando se incumplan las obligaciones de pago de salario, sea en especie o por debajo del salario mínimo nacional.
El decreto 29802 indica que el desplazamiento forzado de comunidades, familias o personas de predios agrarios, sea por presión psicológica, con engaños o a través de medios violentos, será considerado un indicio de la existencia de relaciones servidumbrales.
Las brigadas del INRA verificaron en trabajos de campo que los hacendados de Alto Parapetí incumplen las leyes laborales porque pagan a los guaraníes montos que se encuentran muy por debajo del salario mínimo nacional y que no constituyen propiamente salarios. Algunos peones trabajan más de ocho horas diarias sin recibir remuneración alguna y existen niños trabajadores sin sueldo.
Los patrones prohíben a sus peones organizarse, pertenecer o afiliarse a un sindicato; y algunas familias guaraníes desplazadas han sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos.
El INRA verificó que los Larsen cumplen la FES en 10,3 mil de las 15,2 mil hectáreas que poseen en cuatro predios, y confirmó que someten a trabajos forzosos a 25 familias guaraníes. La familia Malpartida cumple la FES sólo en 4.9 mil hectáreas de las 10.9 mil que detenta.
¿Quiénes son los afectados?
Aguilera de Chávez fue denunciada hace varios años por explotar a alrededor de 50 familias en la cosecha de maní, al igual que Babil Chávez Curcuy. Acusaron a los Malpartida de ser los patrones más violentos y abusivos de la zona, y de pagar un salario mensual de 300 bolivianos a jornaleros que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Malpartida fue enjuiciado por flagelar a guaraníes en Cuevo el 13 abril, y por amedrentar con armas de fuego a comunarios de Itakuatia y despojarles de su equipo de radio comunicación para que no denuncien los atropellos.
Las familias Malpartida y Larsen encabezaron el “comité de defensa de la tierra” que llevó adelante una violenta movilización terrateniente entre febrero y junio de 2008 en la provincia Cordillera.
El norteamericano Larsen llegó al chaco boliviano en 1968 y adquirió la hacienda Caraparicito en 1969 para trabajos agrícolas y ganaderos, pero su hacienda se convirtió en un complejo turístico, premiado por la Prefectura de Santa Cruz por constituir “un ejemplo de manejo ambiental sostenible”.
Larsen posee 57.145 hectáreas en el departamento de Santa Cruz y habría recibido la concesión minera Santo Domingo en la provincia Ñuflo de Chávez, cantón Saturnino Saucedo.
Fuente: Viceministerio de Tierras
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