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12-03-2009 - Policía Nacional y Fiscalía no dan certezas en la investigación por intento de asesinato de un trabajador del CEJIS - Notas de Prensa
Los órganos públicos encargados de dar con los autores del atentado contra Miguel Gonzáles aún no están interesados en esclarecer el hecho. Como en decenas de agresiones sufridas anteriormente, la táctica de fiscales y policías es minimizar el intento de homicidio. Además, responsabilizan a las víctimas por brindar asesoramiento legal a comunidades indígenas y campesinas. El CEJIS solicitó la designación de un fiscal especial que pueda investigar sin presiones de grupos violentos locales. Y pidió que a los trabajadores de CEJIS Trinidad se otorgue custodia de policías de otro distrito..
Policía Nacional y Fiscalía no dan certezas en la investigación por intento de asesinato de un trabajador del CEJIS
Policía Nacional y Fiscalía no dan certezas en la investigación por intento de asesinato de un trabajador del CEJIS
El Poder Judicial y la Policía Nacional desalientan la investigación por el intento de asesinato de Miguel Gonzáles, responsable de la oficina del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en la ciudad de Trinidad, departamento de Beni. Los funcionarios de la institución verde olivo niegan ahora que la perforación de la ventana trasera de la movilidad que conducía Gonzáles fue producida por una bala calibre 22, como indicaron las primeras pericias luego del atentado efectuadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Por su parte, la fiscal asignada a la investigación, Mabel Martínez Daguer, manifestó que "todo trabajo y cargo tiene sus riesgos, por lo tanto es necesario aprender a sobrellevarlos, y no vale la pena seguir con la denuncia presentada". Luego, fue separada del caso por el Fiscal del Distrito Gilberto Adad Suárez. Hasta ahora pasaron por el caso tres fiscales, que no pudieron dar certezas a la investigación.
El CEJIS, que cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó hoy a este organismo internacional que un fiscal especial se destine a investigar seriamente esta agresión. Y pide que para la protección de los trabajadores del CEJIS se designe a policías que no residan en Trinidad, donde grupos violentos regionales condicionan el accionar de la Policía Nacional destinada al departamento amazónico del Beni.
El 27 de febrero pasado a las cinco de la tarde, dos hombres en moto dispararon contra la movilidad que conducía Gonzáles por el centro de Trinidad. Pese a existir claramente el orificio de entrada calibre 22, nunca apareció el proyectil dentro del vehículo, presumiéndose que habría salido por la ventana abierta del lado del acompañante. Por este motivo, la Policía local arguye que el agujero en el vidrio trasero, ubicado justo a la altura de la cabeza de Gonzáles, fue realizado por alguna canica, arrojada tal vez por un niño. Esta versión, interesada en que no sean distinguidos los verdaderos responsables de este atentado, carece de rigor científico. Así, se demuestra la poca voluntad de dar con las personas que quisieron eliminar al trabajador del CEJIS, poniendo en indefensión los demás integrantes del equipo regional.
Rocío Vásquez, del CEJIS Trinidad, concurrió a las oficinas de la FELCC para dar su declaración sobre el atentado. Los policías que la entrevistaron intentaron cambiar su versión de lo sucedido. Vásquez se negó a firmar el documento redactado por los uniformados, porque consideró que habían tergiversado su relato. También pretendieron inducirla a decir que el intento de homicidio tenía motivos "personales" y hasta "pasionales". De esta manera, la Policía Nacional quiso desvirtuar como posible causa de la agresión el trabajo del CEJIS por el cumplimiento de los derechos de pueblos indígenas, actividad por la cual esta organización es ampliamente conocida en la región.
La fiscal Martínez Daguer, quien había manifestado que no iba a indagar en la denuncia del CEJIS, fue apartada injustificadamente de la investigación. En su reemplazo fue designada la fiscal Cinthia Natush, quien fue relevada a los pocos días por el fiscal Carlos Armando Aponte. Estas actuaciones generan retardación de justicia y ponen en riesgo la oportuna y eficaz recolección de pruebas necesarias para el establecimiento procesal de los hechos. El Poder Judicial pone en peligro la identificación y sanción de los responsables, así como el resarcimiento de los perjuicios materiales y morales a la víctima.
La inspección ocular realizada por la Policía y la Fiscalía está viciada y no podrá ser valorada ni fundar una decisión judicial, ya que no determina qué objeto ocasionó el agujero en el vidrio. Sin embargo, cuando un perito de la FELCC revisó la perforación el 28 de febrero, un día después del atentado, aseguró que había sido provocada por una bala calibre 22.
Luego de denuncias realizadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Amnesty Internacional, el prefecto interino de Beni, Clemente Cárdenas, envió un oficio al Comando departamental de la Policía para que se encargara de brindar protección a los trabajadores del CEJIS Trinidad. Si bien la autoridad cumplió con su legítima función, es sospechosa la actitud de la Prefectura, que el año pasado junto al Comité Cívico beniano se había encargado de amedrentar a los trabajadores de esta organización.
Durante agosto y septiembre de 2008, en días del intento de golpe de Estado cívico-prefectural, la oficina del CEJIS Trinidad y sus trabajadores sufrieron el asedio de la Unión Juvenil Benianista, además de otros grupos violentos irregulares apañados por la Prefectura y los cívicos locales. Amenazas similares recibieron los trabajadores del CEJIS Riberalta, en el norte de Beni. Y la sede central del CEJIS, ubicada en la ciudad de Santa Cruz, fue saqueada e incendiada el 9 de septiembre por grupos violentos afines a la Prefectura cruceña y al Comité Pro Santa Cruz, según denunció la organización.
En los últimos cinco años, los trabajadores del CEJIS y sus oficinas sufrieron más de 15 ataques y atentados por grupos radicales que responden a prefecturas y comités cívicos del oriente boliviano. La nula voluntad investigativa del Poder Judicial, en gran medida hermanado con grupos de poder económico y político de la región, permitió que en sólo un caso se identificara a los agresores.
