Este jueves se conocerá la sentencia del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza por los incendios del 2019

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El cacique de Tierra y Territorio de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Felipe Castro, durante la presentación de su testimonio al TIDN.

Después de dos audiencias en las que se recibieron los testimonios de las organizaciones indígenas, activistas, bomberos forestales e instituciones estatales, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), este jueves 20 de agosto, dará lectura a la sentencia por el caso: Pueblos indígenas, Chiquitanía, Amazonía y Chaco contra el Estado Plurinacional de Bolivia.

La sentencia será dada a conocer por las y los jueces Patricia Gualinga (Ecuador), Nancy Yañez (Chile) y Felicio Pontes (Brasil), quienes escucharon los testimonios de las organizaciones indígenas, activistas, bomberos, la gobernación de Santa Cruz y el gobierno municipal de San Ignacio de Velasco, quienes presentaron las pruebas sobre lo ocurrido en los incendios del segundo semestre del 2019, cuando se quemaron más de 5 millones de hectáreas y se afectó a cerca de 27 territorios indígenas de tierras bajas y 20 áreas protegidas nacionales y subnacionales.

Durante las audiencias, los testimonios, además de dar a conocer las secuelas que dejó este desastre ambiental, apuntaron a la aprobación de un paquete normativo que permitió la expansión de la frontera agrícola en tierras de producción forestal permanente, que, unido a las fuertes heladas y posteriores sequías que azotaron la región durante la gestión pasada, propiciaron un escenario favorable para que el fuego se expanda de manera incontrolada.

“Fueron tres los motivos principales para los incendios (2019): la sequía y las heladas, el cambio climático y las normas que tenemos sobre el tema agrario. Actualmente tenemos 22% más de fuego que el 2019, pero no se le está dando la atención necesaria”, mencionó en su testimonio el cacique de tierra y territorio de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Felipe Castro.

En febrero de este año, las organizaciones indígenas entregaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidencia del Estado un proyecto de Ley y uno de Decreto Supremo (D.S.) para la abrogación de la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, Ley N.º 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, la Ley N° 1098 y su D.S. que establecen el marco normativo que permite la producción, almacenaje; y del D.S. Nº 3973 que dio paso a que la Asamblea Legislativa Departamental del Beni modifique el Plan de Uso de Suelos (PLUS), señaladas como causantes de los incendios; sin embargo hasta la fecha no recibieron una respuesta desde el Estado, según dieron a conocer en las audiencias.

“El PLUS (Plan de Uso de Suelos) se ha socializado solo con los municipios, alcaldes y concejales, pero no con los pueblos indígenas; por eso es que no estamos de acuerdo. En los territorios indígenas es donde está la mayor riqueza de la biodiversidad”, explicó por su lado el presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Héctor Tamo.

El nuevo Plan de Uso de Suelos fue aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni el 2019 y pretende promover la ganadería y la agroindustria en el departamento.
En su testimonio, Tamo pidió al TIDN interceder ante el Estado de Bolivia a fin de que los pueblos indígenas sean consultados en la aplicación de este tipo de normas, debido a que afectan de manera directa a sus territorios, donde se encuentra gran parte de la biodiversidad de flora y fauna silvestre con la que ellos conviven a diario.

“Nosotros somos los que cuidamos los bosques. Es lo último que nos queda; si no lo cuidamos y no lo hacemos respetar, vamos a ser cómplices de la destrucción de los territorios y de las diferentes especies de flora y fauna”, aseveró Tamo.

Fuegos transfronterizos

Durante la presentación de su testimonio, el cacique general de la Central Indígena Chiquitana Germán Busch, Vicente Parabá, explicó que, además de los incendios y quemas que se realizan en el territorio boliviano, también se encuentran amenazados por los incendios que ocurren en otros países e ingresan al territorio nacional, lo cual agrava la emergencia en la que se mantienen las comunidades indígenas.

“Se debe ver el tema de los fuegos transfronterizos, porque la mayoría de los incendios ingresan desde Brasil o Paraguay por la ampliación de sus pastos ganaderos y están afectando a Bolivia; lamentablemente nuestras autoridades no están haciendo lo que corresponde a través de Cancillería”, aseveró.

En marzo y julio de este año, el parque nacional Otuquis presentó diversos incendios que afectaron a la parte sur y este del mismo; según el monitoreo del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), los incendios en ambos casos ingresaron desde los países vecinos de Brasil y Paraguay, con quienes Bolivia comparte la Amazonía y el Chaco.

Parabá indicó que desde el Estado no se cuentan con los recursos (equipo y personal) para atender estas contingencias, y que desde las instancias de gobierno no se les está dando la debida importancia que merecen. “Las autoridades nacionales tardan en reaccionar”, expresó.

Testimonios:

Richard Rivas, director de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural del Valle de Tucabaca:

“Al menos seis comunidades indígenas y campesinas fueron afectadas de forma grave con la quema de sus cultivos y viviendas; también se afectó a las microcuencas y nacientes de agua que proveen a la región; a fauna y flora endémicas que hasta ahora no fueron cuantificados”.

Zoila Zeballos, presidenta del Comité de Gestión de Área de Conservación y Patrimonio del Valle de Tucabaca

“Fueron 70 días que vivimos esta zozobra. Los niños tuvieron que ser puestos a buen resguardo y las mujeres y hombres se quedaban para apagar el incendio. Pedimos que se respeten las normas vigentes para la prevención de incendios y la anulación de las normas que favorecen a los desmontes”.

José Ávila, director de Áreas protegidas de la GAIOC Charagua Iyambae

“Tenemos evidencia de que el pueblo Ayoreo vive en los parques Ka Iya, Ñembi Guasu y en parte del Paraguay; con los incendios se perdió gran parte de la biodiversidad de la que depende su vida. El fuego no paso al Ka Iya y asumimos que están viviendo en este sector”.

Germinda Casupá, vicepresidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de la Chiquitanía (OMICH)

Los tigres que eran feroces se volvían mansos porque buscaban ser protegidos”.

Felipe Castro, cacique de Tierra y Territorio de la Organización Indígena Chiquitana (OICH)

“Los animales silvestres llegaban a la casa y uno podía agarrarlos y darles agua, eso fue lo más doloroso que hemos vivido. No tenemos agua en nuestras comunidades, nuestros animales han consumido el agua contaminada por las cenizas y murieron; íbamos de pesca y los peces estaban muertos”.