Indígenas chiquitanos denuncian la dotación ilegal de sus tierras de Monte Verde

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El Territorio Indígena de Monte Verde está reconocido como propiedad de las tres centrales indígenas de la Chiquitanía. Foto: CPTA-CEJIS.

Las autoridades de las tres centrales indígenas chiquitanas, propietarias del Territorio Indígena de Monte Verde, en Santa Cruz, denunciaron este miércoles que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) de Guarayos habría otorgado licencias para el desarrollo de planes de gestión territorial al interior de este territorio.

“Hacemos un llamado a las autoridades de la ABT nacional y departamental para que podamos resolver este conflicto que ha generado la ABT de Guarayos (…) para que bajen en una comisión de inmediato junto a nuestras centrales, la CICOL, la Paikoneca y la CICC, y sancionar a las personas que han acreditado y legalizado esta documentación y han permitido la elaboración de los planes de gestión dentro de la TCO Monte Verde”, indicó el cacique de Recursos Naturales de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Felipe Castro, al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

El Territorio Indígena de Monte Verde tiene una extensión de 947.440,8320 hectáreas saneadas en 2006 como propiedad colectiva de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), de la Central Indígena Paikoneca de San Javier (CIP-SJ) y la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC). Las tres centrales regulan su manejo a través de un Reglamento General, donde se norman las formas de acceso, uso, manejo, protección y gestión de los bienes naturales que se encuentran al interior del territorio.

Las autoridades de las tres centrales sostuvieron este miércoles una reunión de emergencia en el municipio de San Javier para tratar este problema. De acuerdo con la denuncia, la dotación ilegal de predios al interior de Monte Verde habría sido autorizada a través de documentos firmados por exdirigentes, entre ellos Carlos Cuasase, que en la actualidad se encuentran en disputa por el control de la organización chiquitana OICH.

“Estamos haciendo la resolución de desconociendo (a Carlos Cuasase). Estamos llevando el documento a la ABT. Él ha dado una certificación a personas para que puedan entrar haciendo planes de manejo (que son) Palmar y San Jorge. El señor Cuasase es de Concepción, es vecino, pero está dañando a todos los hermanos de Concepción”, expresó por su lado la cacique de recursos naturales de la CIP-SJ, Vania Paine.

Por su lado, la presidenta de la CICC, Margarita Cambara, indicó que, al ser las tres centrales indígenas propietarias de Monte Verde, es atribución de su Directorio autorizar o vetar cualquier solicitud para el aprovechamiento comercial o comunal de los bienes comunes; asimismo, este aprovechamiento solo puede ser realizado por las y los habitantes de las comunidades chiquitanas y no por terceros.

El cacique de la CICOL, Anacleto Peña, indicó que la organización indígena que representa dio a conocer tanto a la ABT, a la subgobernación departamental y al gobierno municipal de Concepción el ordenamiento para el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio de Monte Verde, por lo que solicitó el respeto y reconocimiento tanto a las autoridades indígenas como a las normas que regulan este procedimiento.