Indígenas de la Amazonía Norte denuncian la violación de sus derechos al Relator de sustancias tóxicas de las NNUU

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Una de las balsas auríferas que trabajan en el río Madre de Dios. Foto: ODPIB-CEJIS.

Las y los representantes del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), en los departamentos de Pando y Beni, presentaron al Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, una denuncia sobre la violación de los derechos humanos y de las comunidades, a consecuencia de la “crítica situación que atraviesa el territorio por la explotación ilegal del oro y el uso irracional de mercurio”.

La denuncia fue presentada en ocasión de la visita del Relator a Bolivia para cumplir una serie de compromisos de carácter académico.

“(…) Lo expuesto, tiene por objeto denunciar ante el Sistema de Naciones Unidas y el mundo, la crítica situación en la que se encuentran nuestras comunidades como consecuencia de la explotación ilegal de oro y el uso irracional de mercurio, ante la inacción de nuestras autoridades, quienes han hecho caso omiso de nuestras peticiones y denuncias para establecer responsabilidades sobre la flagrante violación a nuestros derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado (2009) y el Bloque de Constitucionalidad, que agravan nuestra condición de pueblos amazónicos en situación de alta vulnerabilidad, fundamentalmente los derechos a: la vida, la salud, el agua, la alimentación, a vivir en un medio ambiente sano, a existir libremente, a la libre determinación, a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada”, expresan en la nota que entregaron a Orellana.

El TIM II se ubica entre los departamentos de Beni y Pando; tiene una extensión de 407.585,00 hectáreas tituladas en favor de los pueblos indígenas Tacana, Cavineño y Ese Ejja. El territorio está atravesado por los ríos Madre de Dios, Beni y Geneshuaya, en los cuales –según indican– durante los últimos años, como resultado de la expansión de las actividades extractivas, se tiene la presencia de balsas auríferas que utilizan “cantidades desmedidas de mercurio”, en especial en los ríos Madre de Dios y Beni.

La denuncia hace referencia específica al Decreto Supremo N° 3516 de 2018 que fue aprobado por el Estado boliviano y por el cual se declara al río Madre de Dios como reserva fiscal minera.

De acuerdo con datos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en la actualidad, en el tramo del río Madre de Dios que atraviesa al Territorio (172 kilómetros), existen dos autorizaciones mineras: la Isla Genechiquia e Isla Miraflores, ambas con una extensión de cinco cuadrículas mineras que ascienden a una superficie de 125 hectáreas cada una. Las dos autorizaciones se encuentran a nombre de la cooperativa minera Asociación de Balseros (Asobal) Madre de Dios Ltda., la más grande de la región.

De igual forma, en los datos presentados por la organización indígena dan a conocer que la cooperativa Asobal Madre de Dios Ltda. habría informado al Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que en sus actividades utiliza por balsa cada mes hasta un kilogramo de mercurio.

“Durante el proceso de amalgamación, cada balsa logra recuperar aproximadamente un 88% del mercurio para ser reutilizado, liberando a la atmósfera, durante el proceso de quema o vertiendo al agua o al suelo, un 12% del mercurio utilizado”, indican.

“Un diagnóstico elaborado durante el mes de septiembre de 2021 por autoridades de nuestro territorio con el apoyo de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), identificó que en el río Madre de Dios, en el tramo que atraviesa seis comunidades, existían 180 balsas dedicadas a la extracción de oro; del total de las balsas identificadas, solo 14 (7,7%) se encontraban dentro de las áreas reconocidas por las autoridades a nivel nacional para realizar actividad minera legalmente, quedando en la ilegalidad un total de 166 balsas (92,3%)”, indican en la denuncia.

Este número de balsas se habría incrementado hasta agosto de 2022, cuando los técnicos en monitoreo territorial indígena cuantificaron 300 balsas dentro del territorio, de las cuales el 90% se encontraban operando fuera de las dos autorizaciones establecidas por el Estado.

Los indígenas denunciaron al Estado Plurinacional de Bolivia por “la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de control sobre la legalidad de las actividades mineras en los ríos de la Amazonía Norte del país y el uso racional de sustancias tóxicas, siendo el responsable, junto a la sociedad cooperativa más importante de la región, de contaminar las aguas del río Madre de Dios con el desecho de aproximadamente 432 kilogramos de mercurio de forma anual, afectando la salud y la vida de las familias que habitan las comunidades de: Sinaí, Loreto, Genechiquia, Palestina, Trinidacito y Miraflores”.

Además de esto, en la denuncia también hacen referencia al constante desecho de aceites y grasas que hacen las balsas pertenecientes a la cooperativa, así como la presencia de sólidos suspendidos en el cauce del río, elementos que afectan a la flora y fauna acuática, que forman parte fundamental de la dieta y la economía de los pueblos indígenas del territorio.

* Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB-CEJIS).