Indígenas logran la anulación del acuerdo que permitía la explotación de oro en áreas protegidas de La Paz

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Después de más de 10 horas de debate, las autoridades de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y representantes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y del Viceministerio de Medio Ambiente suscribieron este lunes un acta de acuerdo a través del cual anulan el convenio suscrito con los mineros cooperativistas, para la explotación de oro en las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Apolobamba, en el norte de La Paz.

“La presente acta anula en su totalidad los puntos del acta suscrita en fecha 27 de octubre de 2022 entre autoridades dependientes del Viceministerio de Medio Ambiente, SERNAP, Director Departamental de la ABT y FECOMAN que afectan derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas del norte del departamento de La Paz”, mencionan en el acta suscrita.

Después de dos días de movilizaciones y bloqueos en la ciudad de La Paz, las cooperativas mineras lograron suscribir con el Sernap un acuerdo para la modificar los planes de manejo de las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Apolobamba, para realizar la explotación de oro; además de tributar el 4,8% del valor bruto de las exportaciones.

Este acuerdo fue desconocido por los pueblos indígenas afiliados a la CPILAP, que el sábado se reunieron en San Buenaventura. En esta misma reunión, los indígenas decidieron tomar de forma pacífica las oficinas del Parque Madidi, debido a la inasistencia de las autoridades del Sernap y del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, quienes fueron invitados a la asamblea.

En el acta suscrita este lunes entre las autoridades indígenas y los representantes del Ejecutivo, además de anular el acuerdo con las cooperativas mineras, también establece que los planes de manejo de las tres áreas protegidas comprometidas, deben mantenerse vigentes conforme a lo establecido en la norma vigente, así como su actualización debe realizarse con la participación de los pueblos indígenas y respetando el derecho a la consulta previa, libre e informada.

La CPILAP agrupa a los pueblos indígenas Tacana, Mosetén, Leco, Uchupiamonas, T’simán, Araona y Ese Ejja. El 20 de septiembre, el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de Naciones Unidas, Marcos Orellana, dio a conocer que en la comunidad Eyiyoquibo, perteneciente al pueblo indígena Ese Ejja, las mujeres en edad fértil tenían una carga corporal de mercurio “extremadamente alta”; sin embargo, esta comunidad indígena no se dedica a la extracción aurífera, siendo su única exposición a este metal a través del pescado que consumen de los ríos.

En octubre, los indígenas del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), en Pando, denunciaron ante el Relator Especial la violación de sus derechos humanos y de las comunidades, debido a la “crítica situación que atraviesa el territorio por la explotación ilegal de oro y el irracional uso de mercurio”.

En esta denuncia, los indígenas dieron a conocer que de 180 balsas auríferas identificadas en 2021, en el tramo del río Madre de Dios que atraviesa su territorio, solo 14 operaban de manera legal en las áreas reconocidas por el Estado para este fin; mientras que las otras 166 lo hacían de forma ilegal. Este número de balsas se habría incrementado en agosto de 2022 cuando contabilizaron 300 balsas en el mismo tramo, de las que, de igual forma, el 90% se encontraban fuera del área de concesión minera.

El 22 de septiembre de este año, el pueblo indígena Ese Ejja, que habita en Pando, denunció a través de los medios de comunicación la sistemática contaminación de los ríos Madre de Dios y Beni por el desecho de mercurio, aceites y combustible que echan las balsas auríferas en el área.

“En salud (…) las mujeres, cuando se embarazan, el bebé no nace normal. Ya con muchas dificultades están naciendo. (…) Como vulgarmente hablamos, la diarrea está total; el río está totalmente contaminado de mercurio, porque la gente que trabaja en las balsas botan aceite, diésel, hacen sus necesidades, y nosotros (los indígenas) nos bañamos, tomamos eso; total nos daña nuestra salud”, indicó Salvador Tirina, indígena Ese Ejja del TIM II.

“Ahorita hay muchos bebés que están naciendo enfermos, antes había personas medio loquito (SIC), deformados están naciendo ahorita en la misión. En la nación Ese Ejja, donde vivo, incluso, hay niños que están naciendo (con labio) leporino; hay niños que no captan rápido en el estudio. Todo eso está sucediendo”, aseveró Tirina en ese entonces.

Por su parte, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) el 4 de noviembre también emitió un pronunciamiento público en el que, además de exigir la anulación del acuerdo entre el Estado y las cooperativas mineras, repudiaron las acciones del Gobierno Nacional por la incoherencia que existe entre el discurso y las políticas públicas que viene ejecutando.

“Se han burlado descaradamente de las normas internacionales y nacionales para la explotación libre de los recursos mineros en tres áreas protegidas que son Cotapata, Apolobamba y Madidi. Sin medir las consecuencias irreversibles en la salud, medio ambiente y naturaleza, que son inmediatas como la contaminación de los ríos, la deforestación, el alto uso de metales pesados, el movimiento y remoción de tierras que causa turbidez de las aguas de nuestros ríos y además, traerá consigo un conjunto de daños colaterales no menores, como la caza y pesca indiscriminada, destrucción de pueblos y sus medios de vida, así como la destrucción del tejido social con prebendas, narcotráfico, tráfico y trata de personas entre otros”, indican en el pronunciamiento.

Las lideresas indígenas denunciaron la existencia de antecedentes similares en las regiones de Chuswara, Mapiri, Mayaya y Guanay, en las que existe explotación aurífera por cooperativas mineras.

Bolivia es uno de los 24 países que suscribió el Convenio de Minamata, que entró en vigencia en 2017. El convenio establece que los Estados debe realizar esfuerzos para eliminar, de forma paulatina, la importación, uso y disposición del mercurio, por su nivel de toxicidad y los impactos que este ocasiona sobre la salud de la ciudadanía demás del medio ambiente.

* Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB-CEJIS).