Artículo rescatado de Mongabay Latam
En el 2018 se confirmaron varias de las principales preocupaciones que expertos, activistas y pueblos indígenas tenían sobre el futuro de la gestión ambiental en Bolivia. Un ejemplo claro ha sido el reciente rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de pobladores y legisladores contra cuatro leyes que permiten la exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Este es uno de varios proyectos de extracción de los recursos naturales insertos en la política económica del gobierno de Evo Morales que, en los últimos años, le ha abierto las puertas a las actividades hidrocarburíferas, mineras y agrícolas dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas. A esto se suma la cuestionada participación de empresas chinas en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, que van desde carreteras hasta hidroeléctricas, la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca en seis áreas protegidas de Bolivia, los actos de corrupción detrás del tráfico de madera y las nuevas mafias que le arrancan los colmillos a los jaguares.
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