El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) renovó su Dirección Ejecutiva que, desde enero 2020, estará a cargo de Miguel Vargas Delgado, especialista en derechos de los pueblos indígenas, con estudios en Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Miguel Vargas Delgado cuenta con más de 10 años de experiencia de trabajo en la temática indígena. Fue miembro del equipo de la oficina regional de CEJIS en La Paz (2006), coordinador de las oficinas regionales del CEJIS en La Paz y Santa Cruz (2012 al 2016), dirigió el equipo de investigación: Aplicación de la Democracia Comunitaria en los pueblos chiquitano y guaraní en Santa Cruz (2013 y 2014), auspiciado por la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), el Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Rural (CEDURE) y el colectivo de investigadores JATUPEANDO; y miembro del equipo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Programa Regional de Participación Política Indígenas del Konrad (KAS).

En los últimos años, enfocó su trabajo en la investigación de los procesos de autonomías indígena de base territorial, en democracia intercultural con atención en la democracia comunitaria y la aplicación de la justicia indígena a nivel nacional y regional; acompañó procesos de consulta previa y monitoreo socioambiental indígena en comunidades indígenas del chaco cruceño, y en el norte y altiplano del departamento de La Paz; además de los procesos autonómicos de Lomerío (Santa Cruz) y la elección de autoridades de los gobiernos de las autonomías indígenas de Charagüa Iyambae (Santa Cruz) y Uru Chipaya (Oruro).

Los nuevos retos de la Dirección Ejecutiva

La nueva Dirección Ejecutiva de CEJIS enfocará los esfuerzos institucionales en cuatro retos fundamentales:

La profundización y promoción de la plurinacionalidad del Estado que se trabajará a partir del apoyo a la consolidación de las autonomías indígenas en las tierras bajas del país, la gestión territorial indígena, el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales; la aplicación de los sistemas propios de toma de decisiones y los sistemas de justicia indígena.

La defensa y promoción de los derechos humanos de poblaciones indígenas y los derechos de la naturaleza, a partir de acciones de sensibilización y la gestión de acciones para su protección, donde, además, se dará continuidad al Navegador Indígena como herramienta internacional que mide el cumplimiento y ejercicio de los derechos indígenas.

La consolidación del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA), instancia responsable de procesar y sistematizar la información relativa a los recursos naturales, medio ambiente, obras de infraestructura, así como situaciones que afectan el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los titulares de los territorios indígenas.

La continuidad al trabajo por el fortalecimiento y articulación de la sociedad civil, en el marco de cambios estructurales que permitan la realización de los derechos humanos, poniendo énfasis derechos colectivos de los sectores más vulnerables de la sociedad; reafirmando su carácter de actor social autónomo en la defensa de los derechos humano, en el marco del contexto de que atraviesa el país.