Lograda la autonomía indígena y constituido el gobierno indígena, surge la necesidad de organizar los tejemanejes de la burocracia y la cosa pública, lo que implica aprender a administrar recursos, gestionar desembolsos, presentar informes, elaborar presupuestos, gestionar al personal, cumplir normas y protocolos para comprar bienes y servicios, habilitar firmas, tramitar un código de funcionamiento, etc… Aprender a gestionar un gobierno autónomo indígena es el reto que ahora enfrentan los pueblos que han optado por ser libres.
En la última semana de julio, por ejemplo, el Territorio Indígena Multiétnico conformó su gobierno autónomo al elegir a sus autoridades ejecutivas y legislativas. Las nuevas autoridades, sin embargo, carecen de ítems, oficinas, sueldos, recursos presupuestarios, personal de apoyo, etc., y gran parte de su gestión estará orientada a levantar y constituir ese aparato burocrático.
El Territorio Cavineño y el Territorio de Lomerío, en cambio, están en una fase anterior, pero ya comienzan a evaluar sus capacidades en función de esa administración.
Para apoyar ese proceso, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) ha iniciado un módulo de capacitación en Territorio Lomerío, comunidad Puquio, la semana pasada, para fortalecer las capacidades de la gente que se prepara para ejercer el autogobierno.
El reto que tienen las autoridades y la población indígena es grande. En esta entrevista por separado a Miguel Gonzáles, miembro del equipo jurídico del CEJIS en la oficina Regional de Santa Cruz, y a Alfredo Matareco, recién elegido Cacique del gobierno autónomo indígena del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), ambos hablan de los desafíos que perciben en la construcción de los gobiernos indígenas.
La gestión de un gobierno indígena es algo nuevo que enfrentan los pueblos que han optado por la autonomía, ¿cómo está esta situación?
AM: Lo que nosotros estamos trabajando hace tiempo es justamente en consolidar el gobierno indígena y que esto pueda funcionar. Pero a partir de la elección de las autoridades en la última semana de julio se abre una nueva etapa donde podemos decir que estamos en un momento de transición, en este momento muy importante es que vamos a intentar que el gobierno funcione en el marco de los principios de los pueblos indígenas. Sabemos que el TIM tiene una particularidad, son cinco pueblos que se va a gobernar, eso es bien complejo, pero más allá de la complejidad el TIM siempre ha tenido la capacidad de plantear propuestas para poder avanzar y fortalecerse, y hoy eso significa pensar en un mejor desarrollo para el territorio desde la administración del gobierno indígena.
MG: Evidentemente, en el ejercicio del derecho a la libre determinación se constituye el gobierno propio, pero al constituirse, sus autoridades electas van a ser autoridades en ejercicio de la función pública; es decir requieren conocer la normativa vigente para todo funcionario. El nivel del gobierno indígena, de acuerdo a la Constitución, asume las mismas competencias que tiene el gobierno municipal, y otras 30 más. Entonces si los compañeros no manejan bien los recursos que les asigna el Estado, pueden tener problemas legales porque, según los casos, un mal manejo tiene responsabilidad administrativa, civil e incluso penal. En el caso de Lomerío, se ha pensado conformar una Escuela de Gestión Pública Indígena, es decir, ir preparando a jóvenes, dirigentes y a personas del pueblo para que conozcan la normativa vigente de la función pública. En el TIM tienen esa dificultad porque acaban de ser electos y están preparándose. Allá, CEJIS Trinidad está en proceso de capacitar a estas autoridades para el ejercicio de la función pública. En ese marco, el CEJIS construyó una currícula para la formación en gestión pública intercultural.
En el país se cuentan siete gobiernos indígenas constituidos, ¿todos han comenzado a construir su propia gestión en los términos que les pone el Gobierno?
AM: Hay que entender que el tema de la gestión pública es complejo, y dios quiera que en adelante se pueda generar una nueva ley que regule a los gobiernos indígenas. Eso para no caer en la misma rutina de los gobiernos municipales, que a veces más se abocan a lo técnico y se olvidan del tema orgánico-social. Esa es una mirada que tenemos como autoridades, tiene que haber un equilibrio, es verdad que una administración se compone de la parte técnica-jurídica, pero no se debe olvidar que un gobierno sin base no va a funcionar. Ahora que vamos a autogobernarnos tenemos más expectativas. De mi parte veo importante el apoyo del gobierno central, porque también hay esa predisposición. Por su puesto que soy optimista, siempre he dicho que si hoy estamos aquí es porque nuestras bases han confiado en nosotros y el gran desafío es enfrentar esos procedimientos. No importan las dificultades, lo importante es lograr el objetivo.
MG: Sí, existe esa experiencia en el caso de Charagua Iyambae, de Raqaypampa, de Jatun Ayllu Yura, de Salinas de Garci Mendoza. La dificultad que tuvieron fue la falta de recurso humano para poder echar a andar ese gobierno propio. Nos comentaban, los compañeros de Raqaypampa y de Salinas, que es mala idea contratar a gente que trabajaba en los municipios porque siguen con esa mentalidad y echan a andar el gobierno indígena como si fuera un municipio. Por eso ellos recomiendan capacitar, preparar recursos humanos para el ejercicio de la gestión pública indígena y para que vayan proponiendo modificaciones a la norma, porque la normativa del nivel central del Estado no está diseñada para los gobiernos indígenas. El gobierno indígena va a tener que empezar desde solicitar el código institucional para funcionar, con trámites en cada uno de los ministerios, hasta la habilitación de sus firmas, etcétera. Se dice más o menos que hay un lapso de 90 días (desde que asumen el gobierno) en que no pueden disponer de recursos precisamente por estos trámites.
¿Todas estas exigencias no llevan a burocratizarse, a buscar a los tecnólogos o a los que alcanzaron educación superior en el pueblo, y generar desigualdad en ese nivel?
AM: Desde nuestra perspectiva esto es un gobierno y al ser un gobierno indígena vamos a tener que adaptar o crear de acuerdo a nuestra necesidad como quisiéramos nosotros construir la administración y la gestión. Obviamente que vamos a estar sujetos a la normativa vigente del Estado, pero aún así, sobre ese asunto burocrático con el que siempre hemos venido peleando, vamos a buscar los mecanismos para que no se parezca al funcionamiento de un gobierno municipal que es muy burocrático.
MG: Sí, hay ese riesgo y de hecho se ha dado, lo que hay que evitar es que eso suceda. El GAIOC es creación de la organización indígena, pero pasa a ser parte de la estructura del Estado y todavía va a pasar mucho tiempo en el que, si no se modifican esas normativas, va a funcionar casi como municipio. Por ejemplo, hay recursos que el Estado debita automáticamente a los municipios para cubrir algunos rubros como la Renta Dignidad; esto lo tendrá que cubrir la autonomía indígena. Hay porcentajes asignados desde el nivel central del Estado al tema de salud, a la educación, etc., esas son obligaciones también de las nuevas autoridades. El gobierno indígena tiene que construir su Plan de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC), ese es su plan de gobierno por 5 años, y en base a eso elaborar su POA, a la vez este POA está en el marco de la planificación nacional, aún se ciñe a esas disposiciones.
¿El gobierno central está haciendo algo para apoyar a fortalecer a los pueblos indígenas en su gestión de gobierno?
AM: Justamente hoy nos encontramos en La Paz para hacer estas coordinaciones y poder percibir a dónde apunta el Estado con respecto a las autonomías indígenas. La verdad es que siempre va a haber ese pensamiento centralista, pero sí a grandes rasgos se puede decir que hay una predisposición del gobierno, de las unidades operativas del gobierno, para apoyarnos en todo este proceso transitorio. Eso es importante, pero falta todavía que el gobierno pueda entender cómo es que funcionamos nosotros como pueblos indígenas.
MG: No está haciendo mucho porque en realidad si uno ve a quiénes ha dado viabilidad para constituir gobierno: el Gobierno de Charagua es de conversión municipal, no hubo cambio en la jurisdicción; el gobierno de Raqaypampa es un distrito que se desprende del municipio; en el TIM I se ha constituido gobierno un distrito indígena que ya existía. Eso sí, en el caso de Lomerío las autoridades de gobierno ponen trabas para su constitución como GAIOC porque significa un cambio total, ahí el municipio de San Antonio desaparece y da lugar a algo nuevo que es el gobierno autónomo indígena originario. Por eso también ahí hay una fuerte oposición, porque significaría que el municipio de San Antonio de Lomerío se convierte. El gobierno autónomo indígena es cualitativamente diferente porque además de tener las competencias de los municipios tiene el órgano judicial que no lo tiene ni siquiera la autonomía departamental. Entonces el verdadero cambio va por ahí y es por eso que le van poniendo trabas.
La gestión pública
El programa de capacitación en gestión pública intercultural, preparado por el CEJIS, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las autoridades indígenas y técnicos de las autonomías indígenas en gestión pública, desde una perspectiva de interculturalidad.
La malla curricular preparada está compuesta por ocho módulos y pretende ser un instrumento para la consolidación de las autonomías indígenas de base territorial. El primer módulo revisa la memoria histórica del movimiento indígena; el segundo, aborda la transición que deben atravesar y la consolidación a la que aspiran los gobiernos indígenas; el tercer módulo repasa las estructuras de gobierno de las autonomías indígenas y del poder comunal; el cuarto módulo se centra en el régimen competencial de las autonomías indígenas; el quinto, aborda la gestión pública y las responsabilidades del funcionario público; el sexto módulo se introduce en el pacto fiscal y en la estructura económica financiera de las autonomías indígenas; el séptimo módulo profundiza en la gestión territorial y la gobernanza del territorio; y el último módulo aborda el desafío de la gestión pública intercultural.