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El CEJIS forma parte de la Alianza Latinoamericana de defensoras y defensores territoriales e indígenas

Ante la violencia estructural que llega con las actividades extractivas legales e ilegales a los territorios de pueblos indígenas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil crearon la Alianza Latinoamericana de Defensoras y Defensores Territoriales y Ambientales que aglutina a entidades de cinco países en torno a la reivindicación y protección de los derechos colectivos.

En un encuentro realizado en Lima, Perú, las entidades participantes, entre ellas el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), evaluaron los impactos del avance de la frontera extractiva (hidrocarburos, forestal y minero), la construcción de infraestructura que la soporta (carreteras, hidroeléctricas) y las actividades ilícitas (tala, narcotráfico) que asolan los territorios donde están asentadas las comunidades indígenas. Esa violencia estructural ha impactado en la muerte de al menos 1.335 personas defensoras en los últimos 10 años, según estimaciones de Global Witness revisadas en el encuentro.

El CEJIS estuvo presente en este encuentro con las responsables de las oficinas de Trinidad y Riberalta, Margoth Céspedes y Mónica Lijerón, respectivamente. Lijerón explica que existen varias coincidencias en las amenazas y riesgos que atraviesan los territorios indígenas y el medio ambiente, como la falta de titulación y/o consolidación de la tierra para las comunidades y la presencia agresiva de la actividad extractivista (minería legal e ilegal, hidrocarburos, etc.).

A la vez se registraron otros elementos que son menos visibles en Bolivia, entre ellos la persecución y acallamiento a líderes indígenas y la falta de normas para el cumplimiento de los derechos colectivos desde el Estado.

La experiencia presentada por el CEJIS estuvo centrada en su denuncia de contaminación con mercurio desde la minería del oro, campaña que se realizó con base en estudios que probaron la presencia de toxicidad en muestras biológicas (cabello) de personas de comunidades aledañas al río Madre de Dios y aledaños. Además el CEJIS compartió los avances y las luchas de la autonomía indígena en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) como una experiencia de autogobierno en ciernes.

Mónica Lijerón comenta que la Alianza entre instituciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas tiene la tarea de impulsar políticas públicas en cada país, por ejemplo las que puedan resultar del Acuerdo de Escazú, y exponer las denuncias y demandas de las organizaciones indígenas hacia el exterior.

“La intención es que esta Alianza Latinoamericana y del Caribe sea una de las plataformas en las que los pueblos indígenas puedan superar las fronteras y puedan coincidir en superar los procesos históricos de discriminación y lo que están viviendo para la consolidación de su territorio y su gobernanza”, explica Lijerón.

La Alianza será un soporte en la incidencia, acompañamiento legal, fortalecimiento de capacidades, especialmente a mujeres y jóvenes, el fortalecimiento de acciones colectivas de defensa del territorio, y acciones de urgencia para contribuir con la protección efectiva de las personas defensoras indígenas y ambientales, sin dejar de lado la dimensión estructural de la violencia que se enfrenta en la región.

Declaración de Defensores Territoriales e Indígenas_Rvsdo181023
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