Defender la consulta previa, revitalizar la lengua Bésiro

Y garantizar el acceso al agua, los desafíos

La Consulta y el Consentimiento Libre Previo e Informado no es respetado, ni por las autoridades locales, departamentales o nacionales en el Territorio de Lomerío; la lengua Bésiro, hablada por los Monkoxi, se encuentra en estado crítico o al menos, seriamente amenazada y el acceso a la justicia no está siendo plenamente garantizado por el Estado. Son algunas de las constataciones que emergen de los 10 cuestionarios comunitarios aplicados en igual número de comunidades del Territorio de Lomerío por el equipo indígena de la CICOL.

Las comunidades encuestadas fueron: Coloradillo, El Puquio, Palmira, San Simón, Santa Anita, San Lorenzo, La Asunta, San Antonio, San Ignacito y Bella Flor donde se monitoreó el estado de los derechos indígenas establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), desde la perspectiva de los ODS.

En las valoraciones sobre las preguntas aplicadas, el derecho a la consulta previa se encuentra en el nivel más bajo de todos (1,25%) junto a lenguas (3,8%) y acceso a la justicia (4,2%). Otros aspectos como Derechos y libertades fundamentales (10%), Salud (7,7%), Tierra y territorio (6,5%), tienen una ponderación mejor. Ninguna comunidad de Lomerío tiene acceso al agua potable, dato que si bien no emerge de manera directa de las preguntas, es de las problemáticas más sentidas en Lomerío. Acceso a la justicia es otro de los derechos con valoración baja.

Aprendizaje en lengua Bésiro

El Territorio de Lomerío se forma como un refugio indígena de los chiquitanos huidos de las Misiones Jesuíticas (sobre todo de la de Concepción) en el siglo XVIII, y más recientemente de quienes retornaron de la Guerra del Chaco, lograron escapar de las barracas caucheras o escaparon de las haciendas donde permanecían en cautiverio. En las nuevas comunidades formadas, un factor clave de cohesión social y fortaleza cultural ha sido la lengua, mantenida por más de tres siglos incólume frente a la arremetida del modernismo castellanizante impulsado por el Estado y los diferentes procesos de desarrollo económico envolvente.

Los monkoxi han expresado en las encuestas que sus hijos entran al colegio primario hablando su lengua pero egresan con un grado importante de pérdida del dominio de la misma. La educación se imparte en castellano, bajo criterios occidentales y con contenidos alejados de su historia y sus patrones culturales. La educación no es bilingüe, frente a la pregunta si las clases se imparten en lengua materna, la respuesta ha sido negativa en la mayoría de las comunidades. Por ello en la Asamblea Extraordinaria realizada en la comunidad de Puquio el 23 de marzo último, se encomendó elaborar un proyecto al Navegador Indígena que tenga como objetivo central la revitalización de la lengua Bésiro, promoviendo la capacitación de los profesores propios para que puedan dictar sus clases en su propia lengua. Se planteó realizar un convenio interinstitucional con el Instituto de Lengua y Cultura del Ministerio de Educación, el CEJIS, la CICOL y el Gobierno Municipal de San Antonio de Lomerío.

Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado

El derecho a la consulta y el deber correlativo de parte del Estado de obtener el consentimiento libre, previo e informado, cada vez que debe emprender planes, programas o proyectos de impacto en los territorios, sobre todo de sus recursos naturales, o se proponga adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles, tiene el nivel más bajo de consideración de parte de las comunidades.

El incumplimiento de este derecho está directamente asociado al peligro que corren las únicas fuentes de agua que tienen los monkoxi en su territorio, como las quebradas, las lagunas, los “puquio” (manantiales) y los ríos. Es que Lomerío tiene 10 Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), las cuales ocupan 4.250 ha, 2 contratos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Minera Nro. 535, que ocupan 6.300 ha, 5 contratos mineros con trámite ante la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), por 5.625 ha,

mientras que existen 3 áreas mineras inmovilizadas por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), por una superficie de 925 ha, lo que hacen un total de 17.100 ha. (CEJIS:43). En este contexto y vista la ubicación de estos derechos en el Territorio, todos encima de cursos o espejos de agua, se debate el tema y se toman decisiones inmediatas.

En efecto, una de las decisiones sobre este delicado tema fue asumida por la CICOL, junto a todas sus comunidades en la reciente Asamblea Extraordinaria de fecha 23 de marzo, donde han declarado la “pausa total minera”, quedando prohibidas todas las actividades mineras ilegales en el Territorio de Lomerío. Esta decisión está asociada a la protección de las fuentes de agua, las cuales si bien no están potabilizadas, representan la única garantía a su seguridad alimentaria. En ese contexto también se ha definido entonces elaborar un proyecto, con el apoyo del Navegador Indígena, que haga posible la realización de obras de infraestructura para garantizar el acceso al agua a las comunidades más necesitadas.