El proyecto de Decreto Supremo fue presentado por las organizaciones indígenas de tierras bajas en febrero de 2020, a fin de abrogar el paquete de normas denominadas “incendiarias”, que fueron señaladas como las responsables de causar los incendios en la región de la Chiquitanía (Santa Cruz) y Amazonía Norte y Sur (Beni) en 2019.